viernes, 28 de julio de 2017

La Administración del Principado recurre la sentencia que le recuerda los derechos de sus funcionarios y sus obligaciones para con ellos.

Parece una obviedad decirlo, pero la razón de ser de los funcionarios públicos, en este caso los Agentes del Medio Natural, no es otra que la de prestar un servicio público a la sociedad en los términos que establece su estatuto jurídico. En un caso concreto, desarrollando funciones de policía medioambiental, velando por el cumplimiento de las leyes de protección de la naturaleza. Parece lógico pues, que en ese cometido el funcionario tenga el respaldo tanto técnico como jurídico de la administración a la que pertenece, en este caso la Administración del Principado.

El mismo respaldo que, en el ejercicio de sus funciones, debería encontrar un docente, un sanitario o un bedel de instituto. Sin embargo el trabajo de policía tiene unas connotaciones particulares, por cuanto consiste en velar por el cumplimiento de la legislación y denunciar las infracciones a la misma a la autoridad administrativa o judicial que corresponda. Esta labor conlleva en muchos casos enfrentarse, casi siempre en solitario y sin ningún medio de protección, a individuos que, actuando en contra de la ley, se exponen a fuertes sanciones económicas o, en algunos casos, a penas privativas de libertad, lo que les predispone a actuar de forma violenta e intimidatoria ante el Agente del Medio Natural, algo que sucede con demasiada frecuencia.

Recientemente, una vez más, un compañero fue objeto de amenazas por parte de un individuo al que había sorprendido provocando un incendio. Solicitó formalmente que le fuera facilitada asistencia letrada en el proceso judicial consiguiente, lo que le fue denegado, viviendo una situación que por desgracia acostumbra a ser normal: un funcionario público – agente de la autoridad – desarrollando su trabajo debidamente uniformado e identificado, que en el ejercicio de sus funciones es objeto de amenazas y al que se le niega el respaldo jurídico que el Estatuto Básico del Empleado Público establece como una obligación de las administraciones hacia sus funcionarios.

Pues bien, este compañero, ejemplo de profesionalidad y perseverancia, hubo de acudir al juicio con un letrado contratado por él y, posteriormente, decidió presentar una reclamación a la Administración por los gastos realizados.

En este procedimiento el juez falló a su favor y condenó a la Administración por denegarle el auxilio al que tiene derecho. Una buena ocasión para que algún responsable de la administración regional hubiera tomado nota y se hubiera aplicado a cumplir en el futuro lo establecido en la sentencia. Pero nada más lejos de la realidad. La Administración del Principado se permite la desvergüenza de recurrir la sentencia que, lisa y llanamente, le recuerda los derechos de sus funcionarios y sus obligaciones para con ellos.

Muchos no encontramos palabras para nombrar tal hecho. Ruin, miserable, mezquino, despreciable... cualquier término se queda corto cuando una organización que debería estar al servicio de los ciudadanos no solo se olvida de respaldar la labor profesional de sus propios funcionarios sino que, en un arrebato de despotismo, se permite dudar, incluso, de la buena fe del recurrente en su escrito de recurso.

Estamos hartos. Hartos de dar la cara por una Consejería que utiliza al colectivo de Guardas del Medio Natural para servir exclusivamente a sus intereses, ajenos totalmente a los de la sociedad a la que deben servir; que sólo se acuerda de los Agentes del Medio Natural cuando toca “hacerse la foto”. Hartos de la falta de organización, de ausencia de protocolos de actuación, de falta de formación en seguridad, de carencia de medios de autoprotección, de realizar servicios en solitario, de falta de seguridad para ejercer nuestras funciones… Pero sobremanera estamos hartos del desprecio que recibimos por parte de los responsables de la Consejería y del Gobierno, así como del abandono por parte de todas las instancias de la administración regional cuando desoyen sistemáticamente nuestras propuestas, que únicamente pretenden mejorar el servicio público que prestamos y la seguridad de los Agentes.

La sociedad asturiana no debe permitir que un colectivo de 240 funcionarios especializados en la protección del medio ambiente siga siendo rehén de un gobierno y una administración completamente alejada de los intereses de los ciudadanos, que no solo pretende ignorar las peticiones de asociaciones profesionales como la nuestra (llevamos meses solicitando reuniones con el Consejero de la Presidencia y con la Consejera de Desarrollo Rural), sino que, sin ningún tipo de rubor, lejos de admitir su mala praxis y acatar sentencias tan contundentes como la referida anteriormente, se atreve a recurrirlas con una suficiencia que produce vergüenza ajena.

Poco más podemos hacer desde AGUMNPA (asociación profesional de Guardas del medio natural) que redactar este texto y lamentar la mezquindad y la cortedad de miras de los actuales responsables políticos. Asturias necesita dirigentes con un proyecto de futuro que crean y apuesten, en primer lugar, por sus propios recursos humanos. Solo queda apelar a la sensatez de quienes han promovido este recurso, financiado con fondos públicos, y contrario a cualquier consideración acerca del servicio que deben prestar a los ciudadanos, para que sea retirado de inmediato y se asuma el contenido de la sentencia como una opción clara de mejora en el funcionamiento de la administración para el futuro.