viernes, 28 de julio de 2017

La Administración del Principado recurre la sentencia que le recuerda los derechos de sus funcionarios y sus obligaciones para con ellos.

Parece una obviedad decirlo, pero la razón de ser de los funcionarios públicos, en este caso los Agentes del Medio Natural, no es otra que la de prestar un servicio público a la sociedad en los términos que establece su estatuto jurídico. En un caso concreto, desarrollando funciones de policía medioambiental, velando por el cumplimiento de las leyes de protección de la naturaleza. Parece lógico pues, que en ese cometido el funcionario tenga el respaldo tanto técnico como jurídico de la administración a la que pertenece, en este caso la Administración del Principado.

El mismo respaldo que, en el ejercicio de sus funciones, debería encontrar un docente, un sanitario o un bedel de instituto. Sin embargo el trabajo de policía tiene unas connotaciones particulares, por cuanto consiste en velar por el cumplimiento de la legislación y denunciar las infracciones a la misma a la autoridad administrativa o judicial que corresponda. Esta labor conlleva en muchos casos enfrentarse, casi siempre en solitario y sin ningún medio de protección, a individuos que, actuando en contra de la ley, se exponen a fuertes sanciones económicas o, en algunos casos, a penas privativas de libertad, lo que les predispone a actuar de forma violenta e intimidatoria ante el Agente del Medio Natural, algo que sucede con demasiada frecuencia.

Recientemente, una vez más, un compañero fue objeto de amenazas por parte de un individuo al que había sorprendido provocando un incendio. Solicitó formalmente que le fuera facilitada asistencia letrada en el proceso judicial consiguiente, lo que le fue denegado, viviendo una situación que por desgracia acostumbra a ser normal: un funcionario público – agente de la autoridad – desarrollando su trabajo debidamente uniformado e identificado, que en el ejercicio de sus funciones es objeto de amenazas y al que se le niega el respaldo jurídico que el Estatuto Básico del Empleado Público establece como una obligación de las administraciones hacia sus funcionarios.

Pues bien, este compañero, ejemplo de profesionalidad y perseverancia, hubo de acudir al juicio con un letrado contratado por él y, posteriormente, decidió presentar una reclamación a la Administración por los gastos realizados.

En este procedimiento el juez falló a su favor y condenó a la Administración por denegarle el auxilio al que tiene derecho. Una buena ocasión para que algún responsable de la administración regional hubiera tomado nota y se hubiera aplicado a cumplir en el futuro lo establecido en la sentencia. Pero nada más lejos de la realidad. La Administración del Principado se permite la desvergüenza de recurrir la sentencia que, lisa y llanamente, le recuerda los derechos de sus funcionarios y sus obligaciones para con ellos.

Muchos no encontramos palabras para nombrar tal hecho. Ruin, miserable, mezquino, despreciable... cualquier término se queda corto cuando una organización que debería estar al servicio de los ciudadanos no solo se olvida de respaldar la labor profesional de sus propios funcionarios sino que, en un arrebato de despotismo, se permite dudar, incluso, de la buena fe del recurrente en su escrito de recurso.

Estamos hartos. Hartos de dar la cara por una Consejería que utiliza al colectivo de Guardas del Medio Natural para servir exclusivamente a sus intereses, ajenos totalmente a los de la sociedad a la que deben servir; que sólo se acuerda de los Agentes del Medio Natural cuando toca “hacerse la foto”. Hartos de la falta de organización, de ausencia de protocolos de actuación, de falta de formación en seguridad, de carencia de medios de autoprotección, de realizar servicios en solitario, de falta de seguridad para ejercer nuestras funciones… Pero sobremanera estamos hartos del desprecio que recibimos por parte de los responsables de la Consejería y del Gobierno, así como del abandono por parte de todas las instancias de la administración regional cuando desoyen sistemáticamente nuestras propuestas, que únicamente pretenden mejorar el servicio público que prestamos y la seguridad de los Agentes.

La sociedad asturiana no debe permitir que un colectivo de 240 funcionarios especializados en la protección del medio ambiente siga siendo rehén de un gobierno y una administración completamente alejada de los intereses de los ciudadanos, que no solo pretende ignorar las peticiones de asociaciones profesionales como la nuestra (llevamos meses solicitando reuniones con el Consejero de la Presidencia y con la Consejera de Desarrollo Rural), sino que, sin ningún tipo de rubor, lejos de admitir su mala praxis y acatar sentencias tan contundentes como la referida anteriormente, se atreve a recurrirlas con una suficiencia que produce vergüenza ajena.

Poco más podemos hacer desde AGUMNPA (asociación profesional de Guardas del medio natural) que redactar este texto y lamentar la mezquindad y la cortedad de miras de los actuales responsables políticos. Asturias necesita dirigentes con un proyecto de futuro que crean y apuesten, en primer lugar, por sus propios recursos humanos. Solo queda apelar a la sensatez de quienes han promovido este recurso, financiado con fondos públicos, y contrario a cualquier consideración acerca del servicio que deben prestar a los ciudadanos, para que sea retirado de inmediato y se asuma el contenido de la sentencia como una opción clara de mejora en el funcionamiento de la administración para el futuro.

martes, 23 de mayo de 2017

La Consejería de Desarrollo Rural suspende los aguardos nocturnos después de otra reprimenda judicial

La sentencia pone de manifiesto que la Administración no ha realizado la evaluación de riesgos, carece de protocolos y no ha adoptado las más mínimas medidas de seguridad en el uso de armas en aguardos nocturnos.


 La tarea de protección de la naturaleza en nuestra región es desarrollada por los Agentes del Medio Natural, un cuerpo con más de un siglo de historia. Sin embargo, los enormes cambios sociales que se han producido en los últimos años hacen necesario una revisión tanto de la función que ejercemos como de la forma en que lo hacemos. Por parte de todos es sabido que el trabajo que desarrollamos está “en el aire”, sin protocolos, sin instrucciones, sin la formación adecuada, sin los medios materiales actualizados; venimos trabajando por inercia histórica sin replantearse cómo y por qué se hacen las cosas, especialmente las tareas que suponen mayor riesgo o trascendencia. 
 

      Esta ausencia de protocolos, sin duda, agiliza el trabajo y puede aparentar una imagen de eficiencia y profesionalidad de cara a la ciudadanía o a los medios de comunicación, sin embargo, resulta nefasta para los propios Agentes por cuanto realizamos nuestra tarea en una especie de limbo legal en el que somos, y así lo demuestran los últimos acontecimientos, los principales responsables de nuestras actuaciones. (Tenemos como ejemplo las imputaciones del año pasado por parte de la UCOMA de la Guardia Civil por una supuesta “trama” en la inspección de los daños de lobo y donde los únicos imputados e investigados fuimos los Agentes del Medio Natural, teniendo incluso que costearse algunos compañeros la asistencia jurídica que les negó la Administración).

Ahora conocemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias del mes de Abril que vuelve a dejar en evidencia la  precariedad  y ausencia de protocolos en las que se desarrolla nuestro trabajo, en este caso relacionado con el uso de armas y los aguardos nocturnos, y donde el juez considera acreditada la negligencia de la Administración en los aguardos, quedando perfectamente explicado en los párrafos de la sentencia que reproducimos a continuación:

…“Pretende añadir que no existe planificación preventiva ni procedimiento de trabajo seguro para las labores de control nocturno de las poblaciones de jabalís[…] y que los guardas no realizaban las prácticas periódicas de tiro recomendadas en la evaluación de riesgos. Señala que la documentación aportada contiene una evaluación genérica del puesto de guarda, sin que esta una sola referencia a la planificación preventiva y al procedimiento de trabajo que debían seguir en el control nocturno de la población de jabalíes, y efectúa un amplio examen del informe elaborado por el jefe de servicio de caza y pesca, criticando su contenido. “ […]

…“Esta sala no comparte la anterior conclusión por las siguientes razones:

a)    Deber básico del empresario es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con su trabajo, y para cumplirlo ha de conocer necesariamente los riesgos derivados de las tareas en las que ocupa a su personal. Por eso le incumben, como obligaciones específicas, evaluar los riesgos generales y concretos de las tareas encomendadas, teniendo en cuenta los métodos de trabajo y de producción, así como planificar la acción preventiva a partir precisamente de esa evaluación, que ha de prever incluso las distracciones o impudencias no temerarias del trabajador, y ser actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo.
b)    La administración empleadora no ha dado cumplimiento a esas obligaciones, pues en la evaluación de riesgos aportada no figura el trabajo encomendado […]ni los riesgos específicos derivados de un trabajo nocturno y con armas, pese a ser evidente la peligrosidad del mismo.
c)     Tampoco ha establecido el procedimiento de trabajo a seguir ni las medidas de seguridad que deban ser observadas por los participantes de las batidas nocturnas de jabalíes. La resolución que las autoriza se limita a establecer que el control será realizado por guardas rurales con el uso de los siguientes medios: armas reglamentarias, mecanismos de visión nocturna, visores de tiro nocturno, utilización de sistemas de iluminación y focos, y la afirmación que se contiene en el informe emitido por el feje de servicio de caza y pesca, relativa a que las normas de seguridad son las recogidas en el apartado 8 de la disposición general de vedes para la temporada 2007-2008, resulta desmentida por la propia disposición. En ella se establecen como horas hábiles para practicar la caza desde el orto hasta el ocaso y las normas de seguridad para cazadores y acompañantes, no las medidas de prevención y protección adecuadas a batidas nocturnas a realizar por los guardas. “…

La sentencia, en definitiva, concluye que ha quedado demostrado que la Empresa no ha cumplido con su obligación en lo referido a la evaluación específica de riesgos y a la adopción de las necesarias medidas de seguridad además de la referida ausencia de protocolos de actuación.

Nos parece inaceptable que no se haya elaborado una evaluación de riesgos laborales ante actividades como el uso de armas de fuego, que entrañan un riesgo elevado, y que consecuentemente no se haya elaborado un plan de prevención de riesgos laborales. Es decir, estamos trabajando sin que tan siguiera se nos hayan analizado los riesgos derivados de nuestras actividades. Y más inaceptable aún, que nuestros superiores apoyen esa forma de actuar y carguen sobre nuestras espaldas su responsabilidad. 

Conocidos estos hechos y en la línea que mantenemos desde la creación de AGUMNPA, reclamamos que, de una vez por todas, se establezca un marco de actuación para el ejercicio de nuestra actividad profesional con plenas garantías jurídicas y de seguridad para los Agentes del Medio Natural y que no se queden, tal y como reclaman otras organizaciones, sólo en compensaciones económicas mientras se está jugando con nuestra seguridad, sino  basado en los siguientes puntos.

  1. Elaboración de un marco horario específico en el que tengan cabida cuantas actuaciones se desarrollen ya que en la actualidad muchas de ellas se realizan fuera del horario legal, estando por tanto fuera de la norma.

  1. Una evaluación de riesgos de todos y cada uno de los trabajos que realizamos y la posterior adopción de las medidas necesarias para eliminar esos riesgos.

  1. Establecimiento de protocolos de actuación para cuantas actividades desarrollan los Agentes del Medio Natural

  1. Información clara relativa a las condiciones del seguro y las coberturas ante un accidente en el desempeño de nuestro trabajo, particularmente cuando implica el uso de armas.

  1. Establecimiento del trabajo en parejas como medio imprescindible para la seguridad de los Agentes, especialmente en los servicios nocturnos o de especial riesgo.

  1. Creación de una licencia de armas profesional, pues nos parece fuera de lugar que se utilice una licencia de caza tipo D o E (licencias para el ejercicio de la caza en la actividad privada y de ocio) por parte de los Agentes para el ejercicio de funciones profesionales.

Desde esta asociación profesional seguiremos trabajando por mejorar la situación de nuestro colectivo y reclamando cuantos cambios sean necesarios para desempeñar las funciones que tenemos con respaldo, seguridad y profesionalidad; para garantizar el futuro de nuestro colectivo y para dar cumplimiento a lo que se espera de nosotros, que no es otra cosa que la protección de nuestro patrimonio natural.


martes, 25 de abril de 2017

Condena a un ganadero de Caso por provocar un incendio forestal dentro del Parque Natural de Redes

Gracias una vez más al trabajo de las Bripas, cuyo futuro está en el aire.

Se acaba de hacer pública la sentencia por la que se condena a un ganadero de Caso por un delito de incendio forestal dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Redes.

Uno de los incendios que afectó al P. Natural de Redes el pasado día 4. 
Tal y como recoge la sentencia, que todavía no es firme, el condenado incendió en otoño de 2013 una zona de alto valor ecológico “con el propósito de regenerar pasto” y afectando a una superficie superior a las 12 hectáreas. La sentencia condena a este ganadero a un año de prisión, al pago de una multa de 2.190 €, además de tener que sufragar los gastos de extinción que ascendieron a 29.113 € e indemnizar al al Principado de Asturias en 5.707 € por los daños medioambientales.

La investigación de este delito, fue llevada en exclusiva por los Agentes del Medio Natural de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias (BRIPAS), desarrollando tanto las labores de investigación técnica como policial, lo que demuestra una vez más los buenos resultados que están dando estos equipos de investigación, consiguiendo que muchos de los delitos por incendios forestales no queden impunes. Desde la creación de las BRIPAS ha habido más de 80 sentencias condenatorias fundamentadas en sus investigaciones. Es por eso que desde esta asociación profesional, reclamamos más apoyo por parte de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y rechazamos el plan del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias –SEPA- para desmantelarlas, algo incomprensible dados los buenos resultados hasta la fecha.


Tras la oleada de incendios vivida estos días en Asturias, las BRIPAS son fundamentales para intentar esclarecer la autoría de los incendios y poner a los responsables en manos de jueces y fiscales, por lo que cualquier actuación que menoscabe la capacidad investigadora de estas brigadas o que los encamine a trabajos distintos, repercutirá negativamente en la persecución de los estos delitos.

martes, 18 de abril de 2017

Réplica de Agumnpa a la prensa sobre la situación de las BRIPAS

En su edición del día 16 de Abril publican una información acerca de la supuesta "guerra" existente en las BRIPAS. Dado que se hace referencia en la misma a nuestra asociación quisiéramos al amparo del derecho de réplica hacer algunas consideraciones.

En el artículo se pone en boca de un "supuesto grupo de miembros de las Bripas" la opinión de que la pretensión de AGUMNPA (también se cita al sindicato USIPA) es "desligar al SEPA de la investigación de incendios que le corresponde por ley". Al respecto, hemos de decir que desde la creación de nuestra asociación, únicamente hemos exigido el cumplimiento estricto de la ley por parte  de los responsables de Bomberos (ahora SEPA) respecto a la condición de Agentes de la Autoridad y Policía Judicial Genérica de los Guardas del Medio Natural destinados en las BRIPAS, tal como recoge su estatuto jurídico, ratificada esta condición por un informe de los Servicios Jurídicos del Principado de Asturias, informe que ha sido ignorado sistemáticamente por la Gerencia de Bomberos y el Responsable de dichas BRIPAS.
De la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal emana la  condición de Policía Judicial Genérica de los Agentes del Medio Natural y su competencia para investigar delitos en materia medioambiental como serían los incendios intencionados tipificados en el código penal, competencia que no tiene, en ningún caso, el personal laboral del SEPA.
Se atribuyen a nuestra organización (y al sindicato USIPA) "motivos personales ajenos al buen funcionamiento de estos equipos". Nada más lejos de la realidad,  la posición de AGUMNPA en esta cuestión es defender el buen trabajo desarrollado todos estos años en los que el 90 % de las sentencias condenatorias en Asturias se han apoyado "exclusivamente" en el trabajo de los Agentes del Medio Natural de las BRIPAS, así como denunciar las injerencias y presiones que se reciben desde el SEPA tratando de condicionar estas investigaciones y privándoles de una uniformidad (que por norma les corresponde) que permita su fácil identificación por parte de la ciudadanía.
El modelo de equipos "mixtos" con el que se han establecido las BRIPAS, podría seguir funcionado si desde los responsables de Bomberos (ahora SEPA) se hubieran respetado desde el principio la condición de los Agentes del Medio Natural, algo que no ha sucedido, por lo que, a día de hoy, desde nuestra asociación reclamamos el establecimiento de equipos de investigación formados exclusivamente por Agentes del Medio Natural ajenos al SEPA, donde nunca estos funcionarios, y a los hechos nos remitimos, han sido respetados ni respaldados. Únicamente el apoyo de la Fiscalía de Medioambiente y el reconocimiento a nivel autonómico y nacional del rigor de sus investigaciones han sido las únicas satisfacciones derivadas del ejercicio de su actividad profesional durante estos 15 años.
En cuanto a la supuesta "exclusión" de los bomberos en las investigaciones de posibles delitos en materia de incendios forestales, no es una cuestión opinable, es la Ley la que determina quién debe realizar estas tareas, no existiendo margen alguno de interpretación  al respecto.
Apelamos al sentido de la responsabilidad del Sr. Consejero de Presidencia y Participación Ciudadana para:
·        Que respalde de forma pública, como hizo en Diciembre de 2015, el trabajo de  los Agentes del Medio Natural de las BRIPAS,  garantice las condiciones adecuadas de autonomía para su actividad profesional, e impida cualquier presión que pudiera ejercerse sobre los mismos en el ejercicio de sus competencias, en una materia tan sensible y de tanta trascendencia como es la investigación de incendios forestales.
·        Que en ningún caso se supriman las ocho plazas de Agentes del Medio Natural - Investigador de Incendios Forestales de las BRIPAS o se modifiquen para permitir el acceso a las mismas a personal ajeno a este colectivo.
De no ser así, nuestra asociación promoverá las actuaciones oportunas para asegurar los derechos que en su actividad profesional asisten a estos funcionarios, el mantenimiento de estas ocho plazas, incluidas las dos actualmente vacantes.

lunes, 10 de abril de 2017

En Peligro la Investigación de Incendios Forestales en Asturias

Desde AGUMNPA queremos hacer publica la grave situación que llevamos tiempo denunciando en la que se encuentran los Agentes del Medio Natural destinados en las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales del Principado de Asturias (BRIPAS) que dependen orgánicamente de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, pero funcionalmente del  ente público SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias).



Estas brigadas, que fueron creadas en el año 2003 y posteriormente reorganizadas en el año 2009, las componen cuatro equipos cada uno de los cuales consta de dos Guardas del Medio Natural y un Bombero-Conductor. Desde esa reorganización se viene negando por parte del SEPA la condición de Agentes del Medio Natural, lo que lleva implícito negarles la condición de Agentes de la Autoridad y Policía Judicial, a la vez que se pretende dirigir las investigaciones únicamente a las causas técnicas de los incendios forestales.

Además, por parte del SEPA se está incumpliendo reiteradamente la normativa vigente de aplicación a las BRIPAS en lo referente a la coordinación con la Dirección General de Justicia e Interior así como en la dotación de los medios de uniformidad y acreditación legalmente establecidos, que permitan identificar correctamente a estos miembros como Agentes del Medio Natural y no como bomberos, que es lo que pasa actualmente. Este hecho supone una situación de indefensión ya no sólo para los agentes, sino para el ciudadano, que siendo objeto de una investigación ignora que la persona que se dirige a él es un Agente de la Autoridad con todas las prerrogativas legales pese a vestir un uniforme de Bombero.

La situación de malestar de estos funcionarios se concreta en una de las Brigadas con situaciones de acoso laboral, persecución, coacciones a la hora de investigar o el retraso en el envío de los atestados a la fiscalía por parte del SEPA, que han sido denunciadas a la Dirección General de Interior y donde estamos barajando ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, todo por intentar realizar su trabajo de una forma profesional y en aras de mejorar la investigación de incendios forestales que permita identificar a los causantes de los mismos.

            En la línea de lo expuestos anteriormente, el SEPA ha presentado una propuesta al Consejero de Presidencia para que las BRIPAS pasen a depender tanto orgánica como funcionalmente del SEPA, un hecho que a la vista de los precedentes, hace pensar en un cambio de rumbo del trabajo realizado en los últimos 15 años en investigación de los incendios forestales en Asturias, ya que los responsable de este organismo han manifestado claramente que no hay intención ninguna de apostar por la investigación policial de estos delitos y pretenden limitar las investigaciones a la realización de informes técnicos de causalidad, ignorando las implicaciones penales de las acciones causantes de los incendios que como delitos tipificados, solo podrían ser investigados por los Agentes del Medio Natural en su condición de Policía Judicial Genérica en materia medioambiental.

Desde esta asociación profesional y con el fin de asegurar la continuidad del brillante trabajo realizado por las BRIPAS en la identificación de los causantes de los incendios forestales objeto de investigación, tal como reconoce en su memoria anual, año tras año, la Fiscalía de Medio Ambiente, pedimos al Consejero de Presidencia que los Agentes del Medio Natural destinados en las BRIPAS pasen a depender directamente de la Consejería de Presidencia con el fin de garantizar la independencia de su trabajo y la ausencia de injerencias en materia tan delicada como es la investigación de ilícitos penales que son la columna vertebral del trabajo desarrollado por estos Agentes.

De persistir la actual situación que consideramos inadmisible en un organismo público,  desde AGUMNPA ejerceremos cuantas acciones legales sean necesarias para evitar que funcionarios públicos con carácter de Agentes de la Autoridad y Policía Judicial continúen recibiendo presiones para el desempeño de su trabajo que no es otro que el de la estricta aplicación de la ley en el medio natural ante la mayor amenaza que este sufre, los incendios forestales provocados.


De llevarse a cabo la propuesta del SEPA, y ante el previsible cambio de rumbo de las investigaciones de las BRIPAS -cuyas investigaciones han fundamentado  85 sentencias condenatorias por incendio forestal desde su creación- junto con la reciente modificación de la Ley de Montes que suprime los acotamientos al pastoreo tras un incendios forestal, Asturias se convertiría en un paraíso para quienes destruyen nuestro patrimonio natural. No parece justificado limitar la capacidad de actuación de estas Brigadas en un asunto de tanta trascendencia y consideramos que, difícilmente la sociedad asturiana podrá admitir decisiones como las que se comentan que únicamente favorecen la impunidad de delincuentes medioambientales que año tras año queman nuestros montes.

NOTA DE PRENSA

jueves, 16 de marzo de 2017

Modificación de la Ley de Montes: más incendios a la vista

      Desde la Asociación Profesional de Guardas del Medio Natural del Principado de Asturias (AGUMNPA), asistimos con indignación al enésimo episodio de incendios intencionados e incontrolados que ha sufrido nuestra región. No ha sido necesario más que un periodo de ausencia de precipitaciones, vientos favorables y altas temperaturas  para que salte la chispa. Pero dado que no ha habido episodios de rayos ni problemas en conducciones eléctricas, la chispa de donde salta es de la mano humana.

       Asistimos a comentarios en la prensa desde diversos sectores como que “las altas temperaturas y el viento provocan numerosos incendios”, “la simultaneidad y nocturnidad hacen pensar  que los incendios pueden ser provocados”, “no se puede criminalizar a un sector” y otros titulares similares.

      El pasado miércoles día 8, el titular en la prensa regional era que próximamente se va a modificar la Ley 3/2004 de Montes, eliminando los acotados al pastoreo en las zonas incendiadas y que las denuncias y procedimientos sancionadores por esta razón quedarán anulados. Incluso que los terrenos podrán ser utilizados para las ayudas PAC. En definitiva, quemar el monte, siempre y cuando no te cojan, saldrá gratis. Dicho y hecho. Dos días después, arde media Asturias. Más de 200 incendios en dos días y hasta 70 simultáneos, hacen creer que algo pasa. Que no es casualidad. Que alguna intención tienen. Y la medida que se les ocurre a los representantes de los ciudadanos, elegidos democráticamente y que tienen que velar por el funcionamiento del estado de derecho, es modificar una Ley para minorizar las consecuencias que tiene producir un incendio. Quemar saldrá gratis. 

      Recientemente se han producido una serie de comparecencias en la Junta General del Principado, al hilo de la modificación de esta Ley. Han comparecido funcionarios del Servicio de Montes, profesionales del ámbito forestal, Agentes del Medio Natural, Investigadores de la Universidad, entidades ecologistas, sindicatos agrarios y ganaderos. Todos salvo el sector ganadero y los propios partidos políticos promotores de la modificación, incidieron en la necesidad de mantener los acotamientos para evitar una proliferación de los incendios y la degradación y erosión del terreno. Todo va a caer en saco roto. Y se ha empezado a demostrar este fin de semana.

      Desde AGUMNPA entendemos que si que se tiene que modificar la Ley de Montes, pero en otro sentido. Siguiendo la legislación de nuestras comunidades vecinas que también sufren la lacra de los incendios, los terrenos deberían de quedar automáticamente acotados desde el momento del incendio y por un periodo mínimo de un año y máximo para que se restaure a su estado inicial, existiendo mecanismos de revisión tanto al alza como a la baja en ese periodo. Todavía estamos a tiempo de evitar cometer un error que pagarán nuestros montes y nosotros mismos.

miércoles, 15 de marzo de 2017

Consideraciones tras una nueva oleda de incendios forestales


    Ante la nueva oleada de incendios de los últimos días y la importancia de los daños medioambientales producidos, así como de la alarma social generada, AGUMNPA desea por este medio hacer llegar a la opinión pública varias consideraciones:

    En primer lugar el reconocimiento a la tarea desempeñada en la lucha contra el fuego por Bomberos, Agentes del Medio Natural, Cooperativas Forestales, CCFFSSEE y personas particulares que colaboran en el operativo sin cuyo esfuerzo y colaboración la situación sería incontrolable.

    En segundo lugar, lamentar que más de un año después de la terrible oleada de incendios de Diciembre de 2015, con la Comisión de Investigación sobre la misma aún sin establecer sus conclusiones las cosas no hayan cambiado y que tan graves sucesos no hayan dado lugar a cambios efectivos en la lucha contra el fuego en nuestra Comunidad.

    Las condiciones de riesgo extremo para las jornadas del día 10 y 11 ya eran conocidas debido a las condiciones de la vegetación, la ausencia de lluvias y las previsiones meteorológicas, sin embargo ninguna de estas circunstancias fueron la causa de los incendios que en su mayor parte , y a la espera de las oportunas investigaciones que lo confirmen, han sido provocados. Este hecho pone de manifiesto, una vez más, que de haber existido un adecuado operativo de vigilancia los días previos a la oleada de incendios, este habría permitido disuadir o identificar en muchos casos a los causantes de los mismo.

    Sin embargo dicho operativo sigue sin establecerse, el horario reglamentario no permite desarrollar vigilancias efectivas y no es hasta la activación del plan INFOPA, con numerosos incendios activos, cuando los Agentes del Medio Natural se incorporan a la vigilancia continua.

    Por otro lado la simultaneidad de los incendios y la ausencia de un cuerpo de Bomberos Forestales impide combatir con eficacia el avance del fuego en la superficie forestal dado que es necesario priorizar la protección de bienes y personas con lo que no puede intervenirse en numerosos incendios que avanzan sin control por los terrenos forestales con el consiguiente daño para nuestro patrimonio natural.

    Desde AGUMNPA reclamamos que con carácter inmediato la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos debe, en el ámbito de sus competencias :

  • Establecer un operativo de vigilancia preventivo a desarrollar por los Agentes del Medio Natural en las épocas de mayor riesgo de incendio, que asegure su presencia efectiva en el monte en las fechas y horarios en los que se producen los incendios.
  • Fijar un marco un horario específico para que los Agentes del Medio Natural puedan desempeñar su trabajo en las épocas y horas en los que se producen los incendios forestales.
  • Priorizar los trabajos de investigación del origen de los incendios sobre otro tipo de tareas por parte de los Agentes del Medio Natural de las zonas donde se produjeron con la adecuada coordinación con las BRIPAS de la Dirección General de Justicia e Interior.

Asturias dispone de una Policía Medioambiental propia que debería de estar situada en la primera línea contra la mayor agresión que sufren hoy en día nuestros montes, los incendios forestales. Sin embargo, para desarrollar esa tarea con eficacia, es necesario que se les se le dote de una estructura, organización y medios adecuados que le permitan desempeñar su función de protección de la naturaleza.

Es obligación de los poderes públicos garantizar nuestra seguridad ambiental, especialmente en una Comunidad como Asturias que ha hecho de su riqueza natural una referencia a nivel nacional y desde la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales no pueden seguir mirando para otro lado, es necesario afrontar los problemas y buscar soluciones a cuestiones tan graves sin más dilación.